Exponen cinco razones “estructurales” por las que Achacollo debe ser juzgada por el Fondo Indígena

Exponen cinco razones “estructurales” por las que Achacollo debe ser juzgada por el Fondo Indígena

Horas antes de que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, preste su declaración por el caso Fondo Indígena, la opositora Unidad Demócrata contabilizó cinco razones “estructurales” para que la justicia enjuicie a la exautoridad por las irregularidades y el daño económico en el manejo del Fondo Indígena.

El senador Oscar Ortiz y el diputado Rafael Quispe coincidieron en las razones que debieran motivar al Ministerio Público y a la justicia a incluir en el proceso a la exautoridad que durante cinco años estuvo al frente del Fondo Indígena.

Haber presidido el directorio del Fondo, aprobar las resoluciones para el financiamiento de los proyectos, tener conocimiento de las transferencias de los recursos económicos a cuentas de los dirigentes, autorizar las transferencias sin los informes sobre el estado de los planes y no velar por el cumplimiento de los estados financieros y las auditorías, son los argumentos “estructurales” que esgrime la oposición.

Sin embargo, la exautoridad ha negado todas las acusaciones. Responsabilizó a los directores ejecutivos y a las organizaciones que tenían representación en el directorio del Fondo Indígena. Desde que se reveló el escándalo de corrupción, hace 10 meses, el Ministerio Público no la había convocado a declarar, recién lo hizo esta semana.

Achacollo presidió el directorio del Fondo Indígena

La exautoridad asumió las funciones como ministra entre 2010-2015, durante este tiempo también fue la presidenta del directorio del Fondo Indígena, esta instancia de acuerdo al Decreto Supremo 28571 de creación, tenía la facultad de aprobar el financiamiento de los proyectos “con resoluciones expresas”.

Asimismo, tenía la competencia de aprobar los estados financieros, la memoria anual y el presupuesto, aprobar la designación del director ejecutivo evaluar sus funciones y determinar su ratificación o remoción.

Pero lo más importante es que era “la instancia máxima de decisión y coordinación para la gestión”, comentó el senador Ortiz, lo que significa que tenía facultades “decisorias” y no como sostiene la exautoridad que no tenía facultades para decidir.

El directorio, de acuerdo a la misma norma, estaba conformado por Achacollo y los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Confederación de Comunidades Interculturales, Confederación Indígena del Oriente Boliviano y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo.

Con menor representación se encontraban la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni. Además de delegados de los ministerios de Economía, Presidencia, Planificación y Desarrollo Productivo.

La exministra aprobaba los proyectos

De acuerdo a las atribuciones que tenía el directorio, la exautoridad firmaba las resoluciones expresas para el financiamiento de cada uno de los proyectos. Achacollo estuvo al frente del directorio precisamente desde 2010 cuando empezaron a desembolsarse los recursos económicos para los proyectos productivos.

El Fondo desembolsó recursos económicos para 1.100 proyectos, lo que significa que Achacollo firmó 1.100 resoluciones, “esto le hace responsable” en el manejo de la institución, creada durante el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez, que en 2009 recién se organizó la entidad.

En su descargo la exautoridad dijo que no manejó directamente los fondos de la institución, porque esa era una atribución de los directores ejecutivos que además eran las máximas autoridades ejecutivas. También responsabilizó a los dirigentes de manejar la entidad.

Achacollo transfería recursos sin informes

El senador Oscar Ortiz cree que no es posible que la expresidenta del directorio no supiera el estado de los proyectos, mucho más en cinco gestiones, por lo tanto, Achacollo aprobaba las resoluciones de los proyectos sin tomar en cuenta los informes de avance y cumplimiento de los planes.

De acuerdo a los informes de la Contraloría General del Estado y de la propia interventora se identificaron proyectos “fantasmas” donde se aprobaron la totalidad de los desembolsos, pero estos proyectos no existen. También existen proyectos inconclusos pese a la entrega de recursos.

“Achacollo aprobó proyectos fantasmas. Su función era hacer seguimiento y control”, sostuvo el diputado Quispe, para quien existen suficientes elementos para que las autoridades del Ministerio Público y la justicia enjuicien a la exautoridad.

Conocía de las transferencias a cuentas privadas

Después de que se revelaron las irregularidades en la administración y manejo del Fondo Indígena, también se conoció que se realizaron depósitos de recursos públicos a cuentas de los “representantes legales” de los proyectos, que en muchos casos eran los dirigentes de las organizaciones.

“No es posible que la señora Achacollo no haya conocido que no podía desembolsarse recursos del Estado a cuentas particulares de los dirigentes”, sostuvo el senador Ortiz, para quien este tema fue “muy grave”.

Los desembolsos se hacían del Banco Central de Bolivia (BCB) al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y de éste a otras cuentas particulares. Por ejemplo, los dirigentes Juanita Ancieta, Melva Hurtado, Damián Condori, Ever Choquehuanca, Felipa Huanca, entre otros, recibieron dinero en sus cuentas, porque también aparecían como representantes legales.

Para el diputado Quispe la exautoridad incurrió en “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, razones suficientes no solo para ser investigada sino incluida como responsable de las irregularidades.

Las dudas en torno a los estados financieros

Ortiz y Quispe coincidieron en que la exautoridad no cumplió con sus funciones en presentar cada año los estados financieros y las auditorías como mandan las normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes o el cumplimiento de la Ley Financial.

El decreto supremo 28571 establece que ante el incumplimiento en la presentación de los estados financieros, el ministerio de Economía y Finanzas debiera proceder al “congelamiento de cuentas”.

“Cada año debieron presentar estados financieros y éstos debidamente auditados, pero en 2010, 2011, 2012, 2013 no se aprobaron y ella no se manifestó sobre el tema”, comentó Quispe.

La Contraloría General del Estado y la interventora identificaron un presunto daño económico de 200 millones de bolivianos. Aunque la oposición cree que el monto es mayor y que no existe un informe precisó sobre el daño económico real.

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