La libertad de expresión está en la mira: advierten activistas de Bolivia

La libertad de expresión está en la mira:  advierten activistas de Bolivia

El Presidente culpó a las redes sociales por la derrota de la opción Sí en el referendo.

Las propuestas de regulación de las redes sociales hicieron saltar las alarmas en Bolivia. La comunidad de cibernautas responde a su modo con memes y hasta con iniciativas de un referendo para que los cocaleros y sectores sociales paguen impuestos.

Pero más allá de las respuestas que arrancan sonrisas, el Defensor del Pueblo, el expresidente Carlos Mesa, políticos y activistas del No advierten que detrás de una “regulación” está latente el riesgo de vulnerar la libertad de expresión.

El defensor Rolando Villena dijo que son “preocupantes” las amenazas del Presidente en torno a la intención de controlar las redes sociales. “(Son) reacciones que preocupan porque hay que tomar en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2002, en una resolución, fue muy categórico en reconocer la libertad de expresión de las redes a través de internet como un derecho inalienable, fundamental”, expresó en rueda de prensa.

El expresidente Carlos Mesa afirmó anoche en una entrevista con PAT que los promotores del Sí y del No en la campaña “se pasaron de la línea” y alentaron la polarización, pero no comparte la propuesta de controlar estos medios. “No porque hubo excesos en las redes sociales lo que hay que hacer es acallarlas, limitarlas o censurarlas, eso es un error muy grave”.

El presidente Evo Morales culpó a las redes sociales por la derrota electoral del domingo.

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La ministra de Comunicación, Marianela Paco, dijo que la regulación “no es precisamente coartar la libertad de expresión o afectarla”, según ABI.

Según la autoridad, hubo un manejo “irresponsable, cobarde, nefasto, perverso e irrespetuoso” de las redes sociales y culpó a éstas de promover el 90% de los casos de trata y tráfico.

Para el representante de Otra Izquierda es Posible, Alberto Acosta, “las redes sociales son el espacio democrático donde todos pueden expresarse, especialmente la juventud”, y advirtió que el Gobierno busca acallar a las voces disidentes. “No descartamos convocar movilizaciones para no permitirlo”, dijo.

Ernesto Torres, del colectivo Todos Podemos Ser Presidentes, dijo que el MAS pretende acallar la voz del pueblo, porque ya lo hizo con las instituciones públicas y varios medios de comunicación social, por lo que defenderán este espacio virtual.

El asambleísta paceño de SOL.bo Edwin Herrera dijo que esta ley será inaplicable porque hay instancias de investigación de delitos informáticos que se limitan a lanzar alertas y no pueden dar con los autores de los delitos o cuentas falsas.

Para el ciberactivista Tonny López, las redes sociales son un quinto poder y sólo algunos gobiernos se dieron cuenta de ello. “Hay dos motivos para normar redes sociales: el control como un medio de comunicación y difusión; y segundo, la crisis en la forma de gobierno o administración pública”, afirmó.

“Antes de regular se debe democratizar”

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Luis Exeni afirmó que antes que regular las redes sociales, es necesario ampliar su uso.

“Mi convicción y principio es que antes de pensar en regular las redes hay que pensar en democratizarlas. Eso pasa por ampliar el acceso a las redes sociales porque siguen siendo un terreno donde gran parte de la población está marginada y excluida; entonces hay que ampliar este acceso y como parte de esta democratización hay que generar una serie de procesos de diálogo y de comunicación en las redes”, explicó en entrevista con radio Patria Nueva.

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Exeni consideró que el potencial de movilización y convocatoria a partir de las redes sociales es evidente y que ante esa situación es necesario comenzar una tarea para aprovechar este potencial.

Fuerza Aérea prohíbe uso de redes sociales

La Fuerza Aérea Boliviana prohibió a sus efectivos el uso de las redes sociales mediante una orden emitida el mismo día que el presidente Evo Morales sugirió debatir el control de la plataforma virtual tras responsabilizarla de su derrota en el referendo del 21 de febrero.

“En vista de que se ha detectado que algún personal de cuadros y civil de la FAB viene participando en cadenas de Facebook, WhatsApp y otras redes sociales realizando comentarios y/o publicaciones involucrando a la institución”, dice la resolución y fue firmada por el coronel Jorge Fernández.

La orden que impartió la FAB tiene el respaldo del artículo 120 de la Ley Orgánica de las FFAA, que en su inciso a) prohíbe a los militares publicar o emitir opiniones sobre temas que comprometan secretos militares y afecten la moral o la disciplina. (ANF)

Punto de vista

Eliana Quiroz. Ciberactivista

El debate sobre la regulación está mal enfocado

La reacción a favor de la regulación de las redes sociales posreferendo 2016, por parte de algunas autoridades y legisladores, está llevando a un intenso debate que, a mi parecer, está mal enfocado.

Aparentemente la preocupación surge a partir de la afectación de la imagen y honra del presidente Evo Morales, entre otras figuras políticas, y el efecto de este daño en los resultados electorales.

Dejando de lado la coyuntura política, debemos recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en la sentencia 1250/2012, declaró inconstitucional el delito de desacato por considerarlo contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Recordemos que el desacato es la difamación a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

La fundamentación de este fallo es la defensa de la libertad de expresión, de manera que los ciudadanos no se vean amenazados por acciones legales cuando critican a sus gobernantes o se autocensuren por temor a sufrir sanciones, “para que el ejercicio de la función pública sea un ejercicio responsable y que pueda ser objeto de supervisión y fiscalización por parte de la sociedad”.

Por esta razón, establecer un tipo penal para proteger la honra de personas públicas (funcionarios) significaría el retorno del delito de desacato, lo cual sería opuesto al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. De esta manera, si la intención es evitar las opiniones, insultos u otras expresiones contra los funcionarios públicos -lo que incluye al Presidente-, en redes sociales o fuera de ellas, se tendría primero que resolver este nudo legal.

En el caso de personas privadas, no es necesaria una nueva regulación, ya que el Código Penal boliviano recoge las figuras de la injuria y la calumnia en su título 9. El hecho de que la conducta delictiva, en el caso de particulares, se lleve a cabo en las redes sociales no evita que ésta pueda ser perseguida penalmente. Otro tema son las penas bajas de estos delitos en el Código Penal, que pueden actuar como desincentivos para iniciar procesos siempre engorrosos.

Acerca de los otros delitos si hay regulación de redes sociales, como la trata de personas, violación, ciberbullying, creación de cuentas falsas para cometer delitos, violación de datos personales, entre otros, podemos hablar en otra ocasión.

 

Fuente: eju.tv

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